Enviado por Ángel René Vargas
Cabrera
La comunidad del corregimiento de Riachuelo,
en Charalá (Santander), será beneficiada de uno de los más de 300 planes de
reparación colectiva que adelanta la Unidad para las Víctimas.
Bogotá, 7 de junio de 2016.
Riachuelo, un corregimiento fuertemente afectado por los paramilitares hace
casi una década, tendrá un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC)
adaptado a sus necesidades, como lo aprobó la semana pasada el Comité
Territorial de Justicia Transicional Extraordinario, encargado de estudiar las
peticiones de la comunidad y llegar a un acuerdo con las entidades encargadas.
El plan contempla varias
medidas desde el aspecto social, educativo, sanitario y económico. Una de ellas
es “implementar una estrategia de prevención del reclutamiento ilícito” en esa
zona, que ya había tenido antecedentes de vinculación de menores de edad con
grupos armados.
Además, el PIRC busca mejorar
los implementos del colegio Nuestra Señora del Rosario, impartir capacitaciones
en derechos humanos, mejorar la infraestructura del centro de salud local y
dotar a la comunidad de una ambulancia; implementar proyectos productivos y de
seguridad alimentaria y avanzar en estrategias para recuperar el tejido social
en la zona.
“Este caso es emblemático
porque aparte de la visibilidad mediática que obtuvo el caso del colegio
Nuestra Señora del Rosario, en Riachuelo hay un compromiso muy grande del
departamento y del municipio para impulsar este plan y avanzar en la
reconciliación”, dijo Carolina Albornoz, subdirectora de Reparación Colectiva
de la Unidad para las Víctimas.
A la aprobación del plan, el
jueves pasado, asistieron los representantes de la Unidad para las Víctimas,
así como el gobernador encargado de Santander, Manuel Ricardo Sorzano, tres
secretarios de despacho (Educación, Agricultura, Desarrollo), y otros
funcionarios departamentales.
Igualmente, asistieron el
alcalde de Charalá, Gil Antonio Méndez, así como dos secretarios municipales
más, y otros funcionarios.
Adicionalmente, acompañó la
jornada el Ministerio Público, con presencia de la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría y la Personería Municipal.
“Después de la aprobación del
plan, el paso siguiente es gestionar la implementación de las medidas
construidas en conjunto con la comunidad. Ya empezamos a gestionar esta puesta
en marcha”, agregó Albornoz.
Según la ley 1448 de 2011 (o
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), la reparación colectiva pretende
reconstruir aquellos derechos colectivos de organizaciones sociales, pueblos o
grupos que quedaron afectados por el conflicto armado. Este resarcimiento
incluye medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición. Fuente:
Prensa de la Unidad de víctimas
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