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| Richard Aguilar - gobernador |
Bucaramanga.- Ante el Tribunal
Administrativo de Santander fue
solicitada la constitucionalidad de un
Acuerdo aprobado por el Concejo de Barrancabermeja.
El gobernador de Santander,
Richard Aguilar Villa haciendo uso de la función constitucional de revisión de
legalidad, contemplada en la Ley 136 de 1994, elevó la solicitud a la alta
Corporación de lo Contencioso Administrativo, para estudiar la validez del
artículo 1° del Acuerdo 32 de 2013, aprobado por el Concejo de Barrancabermeja,
“por el cual se modifican y se incorporan algunos artículos al Acuerdo 029 de
2005 o Estatuto Tributario” de este municipio.
El Mandatario Departamental
explicó que la Secretaría del Interior, al revisar el Acuerdo 32, consideró
necesario que el Tribunal se pronuncie sobre la validez del artículo 1° de esta
norma, con el fin de evitar inconvenientes de orden legal.
A criterio del Gobierno
Departamental y de acuerdo con la Ley 99 de 1993, el Concejo solo es competente
para establecer la tarifa de la sobretasa ambiental, pero no para la
destinación de estos recursos, dado que la Ley da a las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR) la potestad de hacerlo según sus planes ambientales regionales
y municipales.
La ley “no obliga a invertir la
sobretasa en el municipio donde se recauda”, sino que “estos recursos se deben
invertir en los municipios de la jurisdicción de la corporación ambiental -en
este caso la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)-, respetando los
planes de desarrollo locales, especialmente en programas y proyectos de
protección o restauración del medio ambiente y recursos naturales renovables”,
dijo el Gobernador.
El Mandatario preciso además,
que “no puede dársele un tratamiento especial a la sobretasa ambiental”, lo
cual significa que “si se otorga un descuento o beneficio sobre el Impuesto
Predial, la sobretasa debe quedar incólume y por ende cobrarse en su totalidad,
debido a que la Ley 99 de 1993 no concedió la posibilidad a los municipios de
otorgar privilegios, descuentos o exenciones sobre ella”. Fuente: Oficina de prensa de la gobernación
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