La PGN
demostró que, mediante un acto administrativo, la exmandataria condicionó la
entrega de un subsidio de vivienda para la adecuación de lotes por valor
individual de $1’500.000, a la autorización previa que cada beneficiario debía
entregar a favor de la Organización No Gubernamental (ONG), Corporación
Municipal y Departamental de Proyectos Comunitarios (Cormudeco), que llevaría a
cabo la construcción sin tener vínculo contractual con el municipio.
Asimismo, el
ente de control evidenció que, de los 52 subsidios tramitados, la ONG solo
construyó y entregó en obra negra dos unidades de vivienda que representan
menos del 4% del avance esperado, dejando sin satisfacer las necesidades
habitacionales del resto de los beneficiarios.
Con esta
actuación la exalcaldesa permitió que Cormudeco se apropiara de recursos
públicos por valor total de $75’000.000, equivalentes a los 50 subsidios
restantes; cuya administración, tenencia y custodia se le había confiado por
razón de sus funciones.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga calificó la falta de la exmandataria como gravísima a título de dolo. Contra la decisión de primera instancia procede recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Santander.
Fuente: Presa de la Procuraduría
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