Las presuntas
fallas están sintetizadas en la
supervisión del Contrato 121 de 2015, para la prestación del servicio de
transporte a la comunidad estudiantil, por $1.007’230.531.
Al parecer,
el investigado habría omitido exigir al contratista, Transportes Especializados
Los Andes, el cumplimiento de las normas técnicas del transporte escolar, al
supuestamente permitir la utilización de vehículos particulares con una vida
útil superior a 15 años.
A Cadena Roa
se le cuestionó, que en algunos casos, los carros no contaban con cinturones de
seguridad, no llevaban el acompañante mayor de edad, ni tenían pintada la parte
exterior de la carrocería con los emblemas que lo identificaran como vehículo
de transporte escolar.
Con esta conducta el exfuncionario posiblemente podría haber vulnerado, entre otras normas, el artículo 9 del Decreto 348 de 2015, según el cual los vehículos que presten el servicio público de transporte terrestre automotor “no podrán tener más de quince (15) años de uso, contados a partir de la fecha del registro inicial del vehículo (…)”.
Recordó el
Ministerio Público que el transporte de niños en escolaridad, como sujetos de
especial protección constitucional, debe tener como criterio primordial, “(…)
la preservación y protección del interés prevaleciente y superior del menor,
como lo ha señalado la jurisprudencia (…)”.
La
Procuraduría Provincial de Barrancabermeja calificó provisionalmente la
conducta del exfuncionario como grave a título de culpa gravísima, por falta
del cuidado necesario que cualquier persona le imprime a sus actuaciones.
El implicado
podrá solicitar o aportar las pruebas que considere pertinentes para su
defensa.
Fuente:
Prensa de la PGN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario