Es el primer juicio disciplinario a un
particular por presuntas irregularidades en Programa de Alimentación Escolar
(PAE).
El órgano de control también formuló cargos
a la entonces secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona García
(2016-2017), y al representante legal del Consorcio Interventoría Alimentarte
2016, Fernando León Medina Monsalve.
Bogotá.- La Procuraduría
General de la Nación formuló cargos a la representante legal de la Cooperativa
Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, Luisa Fernanda Flórez Rincón,
por presuntas irregularidades y supuestos actos de corrupción en el Programa de
Alimentación Escolar (PAE) en Santander vigencia 2016, por más de $23.800
millones de pesos.
El órgano de control cuestionó
supuestas conductas penales de falsedad material en documento público y
privado, las cuales al parecer cometió la investigada cuando ejecutó el
Contrato 601 del 21 de abril de 2016, suscrito con la Gobernación de Santander
para la entrega del complemento alimentario a 100.000 estudiantes beneficiarios
con el PAE, lo que habría permitido que el propietario de la cooperativa,
Germán Trujillo Manrique, se apropiara ilegalmente de $2.159.794.618
provenientes de recursos del Estado para operar el programa.
El contrato con la cooperativa
tuvo dos adiciones, la primera del 21 de abril de 2016 por $6.706'.355.076, y
la segunda por valor de $5.216.053.948.
La Procuraduría reprochó la
conducta de Flórez Rincón, quien habría utilizado comprobantes de egreso y
supuestas facturas y/o transferencias con proveedores ficticios, para
justificar la presunta compra de frutas, huevos, tamales, panes, tortas,
cárnicos, y otros productos.
Para el ente de control la
representante legal habría incurrido en falta disciplinaria como particular que
cumple una función pública, porque al parecer con su conducta generó un posible
detrimento patrimonial al Estado, en desmedro de la efectividad de la
prestación que materializaba el derecho a la educación de los niños y niñas de
Santander.
Agregó que la investigada pudo
haber inobservado el principio de moralidad a la hora de dar cumplimiento a su
rol como operadora del PAE, y al parecer no actuó con rectitud, lealtad,
honestidad y cometió posiblemente delitos para que terceros se apropiaran de
recursos públicos.
Cargos a exsecretaria de Educación e interventor del PAE
El órgano de control formuló
pliego de cargos a la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios
Tarazona García (2016-2017), por posible vulneración de los principios de
economía, responsabilidad, transparencia, y el deber de selección objetiva de la
contratación estatal, por el presunto direccionamiento del Contrato 601, a
favor de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda.
La Procuraduría reprochó que
en los requisitos habilitantes se establecieron condiciones que pudieron restringir
la participación de oferentes, y se habría favorecido a la cooperativa.
El ente de control también
endilgó cargos al representante legal del Consorcio Interventoría Alimentarte
2016, Fernando León Medina Monsalve, por presunta omisión en su deber de
informar los hechos que podían constituir actos de corrupción, o que ponían en
riesgo la ejecución del contrato, y que al parecer permitieron que terceros se
apropiaran de dineros públicos destinados a la alimentación escolar.
Al parecer el investigado
participó en la suscripción de las actas de recibo parcial 01, 02, 03, 04, 05,
06, la de recibo final y la de liquidación del año 2016, en la que habría que
el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, sin que al parecer
advirtiera las irregularidades presentadas durante su ejecución del negocio
jurídico.
El órgano de control calificó
provisionalmente las presuntas faltas de los investigados como gravísimas a
título de dolo.
Fuente: Prensa de la PGN.
Ajuste de contenido y
diagramación: bersoahoy.co
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