Por 12 meses suspendidos exfuncionarios de la alcaldía

Foto tomada de ISSO LTDA

Barrancabermeja.- Suspensión de 12 meses, impuso la Procuraduría General de la Nación  al entonces secretario general de la Alcaldía de este Puerto sobre el río Magdalena, Diego Armando Acosta Osorio (2016-2018), por falta de control sobre la legalización de viáticos.

En fallo de primera instancia también sancionó por el mismo tiempo a los técnicos operativos Óscar Salcedo y Patricia Esperanza Ravelo Crespo; y a la secretaria, Claudia Melisa Campillo Díaz, por apropiación indebida de dineros públicos al cobrar y legalizar viáticos.

Se evidenció que la falta de control del exsecretario general en la entrega del certificado de asistencia a un seminario taller que organizó el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado y no se cumplió, conllevó a que los técnicos y la secretaria se apropiaran indebidamente de dineros que les fueron autorizados para cubrir gastos de transporte y viáticos.

Con esta actuación Acosta Osorio transgredió el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del municipio, y el numeral 12 del parágrafo tercero de la Resolución 0440 del 27 de febrero de 2014, que reglamenta el control sobre la legalización de viáticos.

Salcedo, Ravelo y Campillo infringieron el numeral primero del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por realizar la conducta de peculado por apropiación, tipificada como delito.

La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja calificó la falta del entonces secretario general como grave cometida con culpa grave, y las de los técnicos y la secretaria como gravísimas con culpa grave.

Recordó el ente de control que “el principio de moralidad debe irrigar la actuación de todos los servidores públicos quienes, en el ejercicio de sus competencias y funciones, (…) deben preservar la majestad de la institución a la que pertenecen y con ello preservar la imagen del Estado hacia los ciudadanos”.

Contra esta decisión los apoderados de los disciplinados interpusieron recurso de apelación ante la Procuraduría Regional Santander.  Fuente: Procuraduría Regional.

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