Bogotá. -La Procuraduría
General de la Nación sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e
inhabilidad especial por cuatro meses a siete concejales de Charalá, Santander,
del periodo constitucional (2012-2015).
El ente de control halló irregularidades
en el trámite de aprobación y expedición del acuerdo que buscaba facultar al
alcalde municipal para celebrar contratos.
La decisión cobijó al
expresidente de la corporación, Carlos Alberto Monsalve Mantilla y a los
exconcejales: Fabio Sánchez Albarracín, Gustavo Bueno Bueno, Raúl Fernando
Gómez Manrique, Rafael Arturo Martínez Mejía, Édgar Augusto Martínez Reyes y
Carlos Millán Araque.
Se demostró que los
disciplinados limitaron las facultades del alcalde para contratar y
posteriormente incumplieron su deber de otorgárselas plenamente, al archivar en
junio de 2014, el proyecto de acuerdo que les presentó nuevamente la
administración municipal para suscribir los contratos que garantizaran la
continuidad del funcionamiento y de la prestación del servicio de inmuebles de
propiedad del municipio.
Con estas decisiones del
concejo frente a los contratos de arrendamiento de la Casa de Mercado, la Plaza
de Ferias y Toros José Antonio Galán, la Planta de sacrificio animal, el Centro
Recreacional Chalalaes y el Puesto de Monta, se generaron traumatismos en el
desarrollo y cumplimiento de la gestión de la administración de Charalá.
Recordó el Ministerio Público
que los concejales tienen el deber “de velar por el bienestar y progreso de la
comunidad que los legitima”, y por esta razón deben ejercer el control político
sobre la gestión del gobierno municipal y cumplir sus funciones, estrictamente
de acuerdo con la Constitución y la ley.
Contra la decisión de primera
instancia, los investigados interpusieron recurso de apelación ante la
Procuraduría Regional de Santander.
Las faltas fueron calificadas
como graves cometidas a título de dolo. Fuente: Prensa de la PGN.
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