La
Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al entonces alcalde
de San Gil, Santander, Álvaro Josué Agón Martínez (2012-2015), y a la
secretaria Jurídica de la administración municipal, Mónica Juliana Báez
Meléndez (2014-2015), por posibles irregularidades de tipo contractual.
Al parecer,
Agón Martínez habría omitido sus funciones al autorizar y protocolizar la
cesión del contrato de prestación de servicios 64 de 2014, suscrito para la
representación judicial y prejudicial del municipio, a una persona que al
parecer no cumplía con la experiencia requerida.
A Báez
Meléndez se le reprochó la supuesta existencia de un conflicto de interés de
tipo económico, por pasar de ser contratista a supervisora del mismo contrato
en que el municipio le adeudaba una suma de dinero, producto de las actividades
realizadas dentro de este acuerdo.
En un segundo
cargo, se cuestionó a la secretaria Jurídica, quien al parecer, como
supervisora del contrato que ejecutó antes de trabajar con la administración,
certificó actividades cumplidas con anterioridad a la firma de la cesión del
contrato 64 de 2014.
El ente de control
calificó las presuntas faltas del exmandatario como gravísimas a título de
culpa grave y las de la funcionaria como gravísima y grave, a título de culpa
gravísima.
Entre las
normas transgredidas se citó el artículo 81 del Decreto 1510 de 2013 que establece
que en los contratos de prestación de servicios profesionales “Las entidades
estatales pueden contratar (…) con la persona natural o jurídica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad
estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el
área de que se trate”.
Los
implicados podrán solicitar la práctica de pruebas.
Ajuste
de contenido y diagramación: bersoahoy.co
No hay comentarios:
Publicar un comentario