Bogotá.- La Procuraduría General de la
Nación abrió investigación disciplinaria a 19 directores de corporaciones
autónomas regionales del país y de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente
-DAGMA-, por presuntas irregularidades relacionadas con el subregistro de
estadísticas sobre tala ilegal, y volúmenes de madera en el mercado del país.
La medida disciplinaria cobija
al director de la ANLA, Rodrigo Suárez Castaño, y a la directora del DAGMA,
Claudia María Buitrago.
Así mismo, a los directores de
las corporaciones autónomas regionales de Santander (CAS), Juan Gabriel
Álvarez; Antioquia (Corantioquia), Alejandro González Valencia; Tolima
(Cortolima), Jorge Enrique Cardozo; Sucre (Carsucre), Johnny Alberto Avendaño;
Cauca (CRC), Yesid González Duque (CRC); Quindío (CQR), Jhon James Fernández;
Valle del Cauca (CVC), Rubén Darío Materón; de los Valles del Sinú y del San
Jorge (CVS), José Fernando Tirado y Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo
Franco.
A los directores de Risaralda
(Carder), Jairo Jaramillo Rivera y Martha Mónica Restrepo; Atlántico (CRA),
Alberto Escobar Vega; Magdalena (CAM), Carlos Alberto Cuéllar Medina; de los
Ríos Negro y Nare (CORNARE), Carlos Mario Zuluága Gómez; Boyacá (Corpoboyacá),
José Ricardo López; Caldas (Corpocaldas), Juan David Arango; Nariño
(Corponariño), Fernando Burbano Valdez; de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, César Humberto Meléndez; la
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San
Jorge-Corpomojana, Liliana Milena Quirós, y al director del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, Eugenio Enrique Prieto.
El Ministerio Público busca
establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con el
registro de información de salvoconductos únicos nacionales en Línea –SUNL-, en
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL- de la ANLA,
entre el 2018 y el 2019.
Al parecer, los registros
habrían sido duplicados o cargados más de una vez, con el fin de ser utilizados
para legalizar madera talada ilegalmente a nivel nacional.
El ente de control decretó la
práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la
conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Los funcionarios podrán ser
escuchados en versión libre, si así lo solicitan.
Fuente: Comunicaciones PGN. Foto:
Semana.com
Ajuste
de contenido y diagramación: bersoahoy.co
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